La fiscalía de Ecuador acusa a siete supuestos autores intelecuales del magnicidio de Villavicencio

La fiscalía de Ecuador acusó formalmente el sábado a siete supuestos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, entre ellos dos expolíticos de izquierda, un empresario y varios miembros de una banda criminal.

Villavicencio era un legislador reconocido por sus investigaciones anticorrupción. Fue asesinado a tiros en 2023 al salir de un mitin de campaña en Quito una semana antes de las elecciones presidenciales de ese año, en las que era candidato.

La tarde del sábado, la fiscalía anunció en la red social X que "acusa a los 7 procesados como autores mediatos por su presunta participación en el delito de #Asesinato".

Entre los acusados están el empresario Xavier Jordán, el exministro del Interior José Serrano, el excongresista Ronny Aleaga; el máximo líder de Los Lobos, Wilmer Chavarría conocido como alias Pipo, y otras tres personas relacionadas con esta banda criminal.

La fiscalía pidió que se mantenga la orden prisión preventiva contra los siete y solicitó a las autoridades que se emita circular roja a través de Interpol contra cuatro de ellos que viven en el extranjero.

Jordán, que vive en Estados Unidos, "financió y planificó" el asesinato, según el ente acusador.

Serrano, quien fue ministro del expresidente izquierdista Rafael Correa (2007-2017) y actualmente está en un centro de control migratorio en Estados Unidos, presuntamente entregó información "sensible" a Los Lobos sobre los movimientos del candidato.

Aleaga, exlegislador correísta asilado en Venezuela, coordinó "acciones para concretar el asesinato", según la acusación de la fiscal Ana Hidalgo.

Alias Pipo, que enfrenta en España un proceso de extradición hacia Ecuador, supuestamente planificó el asesinato a cambio de un millón de dólares.

Antes de entrar a la política, Villavicencio era periodista de investigación e indagaba casos de corrupción que enlodaban al gobierno de Correa.

Pero varias de sus denuncias también involucraron a sectores de la derecha y a figuras del crimen organizado.

Otras cinco personas ya fueron condenadas a penas de hasta 34 años de prisión como autores materiales del magnicidio.

El autor de los disparos fue abatido por guardaespaldas del político y seis colombianos presuntamente vinculados al crimen fueron asesinados en prisión.