El FMI anuncia un préstamo de 1.900 millones de dólares para Bolivia

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este miércoles un programa de facilidad ampliada (EFF) para Bolivia de 1.900 millones de dólares, a 36 meses.

El paquete, negociado por una misión del Fondo y sujeto a la aprobación del directorio, estará destinado a "apoyar el programa de reformas económicas" del gobierno del presidente Rodrigo Paz, explicó el comunicado.

Los programas de facilidad ampliada son préstamos diseñados para países miembros del Fondo que enfrentan problemas de balanza de pagos a mediano plazo, y conceden lapsos de reembolso más largos que otros instrumentos del Fondo.

"El programa respaldado por el FMI se espera que ayude a catalizar financiamiento adicional del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros socios para el desarrollo, contribuyendo a un paquete de financiamiento más amplio de más de 5.000 millones de dólares durante el período del programa", explicó el comunicado.

"Bolivia ha enfrentado importantes desafíos macroeconómicos en los últimos años" como el déficit fiscal, la caída de la producción petrolera, de las reservas de divisas y una alta inflación, recuerda la misión del Fondo que condujo las negociaciones, encabezada por Joana Pereira.

El gobierno del conservador Rodrigo Paz asumió el 8 de noviembre de 2025, tras 20 años de gobiernos de izquierda.

Su mandato se vio rápidamente desafiado por la oposición, en particular por el expresidente Evo Morales, fugitivo de la justicia y refugiado en la región cocalera del Chapare, en el centro del país.

Las protestas en las carreteras lograron paralizar el país durante más de siete semanas, entre mayo y junio.

"La nueva administración ha puesto en marcha un plan de reformas decidido", explica el FMI.

"El programa respaldado por el FMI está diseñado para apoyar estos esfuerzos, reconstruir la resiliencia y ayudar a encauzar la economía hacia una senda de crecimiento sostenible", añadió.

El objetivo a mediano plazo es reducir el ratio de deuda pública respecto al PIB, mantener el gasto en protección social, modernizar el régimen monetario y cambiario y mejorar la supervisión del sector financiero y la competividad, aseguraron los expertos.