Un tribunal ruso condenó este lunes a 11 años de prisión al político opositor Lev Shlosberg, vicepresidente del partido antiguerra Yábloko, por sus críticas a la ofensiva de Rusia en Ucrania.
La semana pasada, Yábloko, el único partido antibélico de Rusia que sigue funcionando en el país, fue excluido de las elecciones legislativas de septiembre, una decisión que recurrió este lunes.
Una multitud se concentró en la capital rusa para apoyar a la formación, en un acto que se saldó con sesenta detenciones, según un responsable del partido.
El tribunal de Pskov, en el noroeste del país, declaró a Shlosberg culpable de "acciones públicas destinadas a desacreditar el uso de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia" y lo sentenció a "11 años y 1 mes de prisión".
El político, de 63 años es uno de los poquísimos adversarios del Kremlin que permanecieron en Rusia después de que el gobierno lanzara una dura campaña de represión contra la disidencia tras el ataque a Ucrania en 2022.
Cuando el juez le preguntó si entendía el veredicto, Shlosberg respondió: "Lo siento por usted, señoría, tendrá que vivir con esto".
Dos dirigentes de Yábloko, Nikolay Rybakov y Grigory Yavlinsky, calificaron la decisión como "la tragedia de la desintegración de la justicia rusa moderna" y afirmaron que el partido buscará poner fin al procesamiento de Shlosberg por todos los medios legales.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional afirmó que la "arbitraria persecución y condena de Shlosberg son represalias flagrantes por ejercer su derecho a la libertad de expresión para pedir la paz".
Shlosberg ha pedido en repetidas ocasiones un alto el fuego en Ucrania y fue acusado por su participación en un debate en línea sobre la guerra, así como por compartir artículos críticos al respecto.
Este veterano opositor al Kremlin ha denunciado las acciones de Moscú en Ucrania desde 2014, cuando se anexionó la península de Crimea y apoyó a los rebeldes prorrusos en el este de Ucrania.
Rusia ha penalizado las críticas a su ofensiva en Ucrania, con leyes que castigan la "desacreditación" del ejército y la difusión de "información falsa" sobre él con penas de hasta 15 años de prisión.
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