El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, advirtió este viernes que seguirá adelante con la reforma constitucional que busca excluir a la oposición de las elecciones, pese al rechazo de varios países y organismos internacionales.
La Asamblea Nacional -controlada por el gobierno- prevé aprobar a inicios de septiembre los cambios a la Carta Magna solicitados por Ortega para impedir la participación de opositores que, según él, están al servicio de Estados Unidos.
"No les quedará más que gritar, no les quedará más que ladrar", dijo el presidente al anunciar avances en la modificación durante el 47 aniversario de la Fuerza Aérea.
Ortega, que ha tenido pocas apariciones públicas este año, reapareció el 19 de julio para presentar por primera vez esta reforma y luego de dos meses de ausencia en actos oficiales.
Varios países y organizaciones internacionales rechazan la intención de Ortega de excluir de las elecciones a los opositores a los que califica de "golpistas" y "traidores a la Patria".
La reforma además ampliará el periodo presidencial de seis a siete años "prorrogables", lo que según líderes opositores supone enterrar las elecciones.
El texto completo de la iniciativa no ha sido difundido aún por la Asamblea ni por el gobierno de Ortega.
Estados Unidos advirtió que no se quedará de "brazos cruzados" frente a la "dictadura", mientras la Unión Europea (UE) exhortó al gobierno nicaragüense a convocar elecciones "de conformidad con las normas internacionales".
Ortega aseguró que la reforma busca "fortalecer la paz" mientras tanto "otros siguen conspirando para buscar cómo meter la guerra nuevamente en Nicaragua", en alusión a Estados Unidos.
"Nosotros tenemos que luchar para fortalecer la paz, y fortalecerla con leyes, fortalecerla con esas reformas que no le den espacio a los terroristas, a los golpistas", agregó.
"De eso debe estar claro el gobierno norteamericano, Nicaragua no quiere la guerra, quiere la paz y seguiremos luchando por la paz", puntualizó.
Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.
La pareja presidencial considera esas movilizaciones como un "intento de golpe de Estado" patrocinado por Estados Unidos.
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