El juicio en Estados Unidos contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa comenzará el 1 de junio de 2027, anunció un tribunal federal en Nueva York el miércoles, casi siete meses después de la captura de la pareja en Caracas.
El exmandatario, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, están recluidos en una cárcel de Brooklyn desde enero, acusados de tráfico de drogas y armas de fuego. Ambos niegan todos los delitos imputados.
Comandos estadounidenses sacaron a Maduro y a Flores de su complejo residencial en Caracas el 3 de enero. La operación relámpago combinó fuerzas navales, aéreas y terrestres y puso fin al mandato de Maduro, en el poder desde 2013.
El miércoles, durante una audiencia procesal de unos 20 minutos, el juez Alvin Hellerstein fijó la apertura del juicio para el 1 de junio del año próximo, tras una solicitud conjunta de la fiscalía y la defensa.
Vestido con un uniforme beige de detenido, con el cabello corto y encanecido y unas gafas de montura ancha, Maduro no habló más allá de saludar a la corte al entrar. Flores, con el mismo atuendo y el cabello rubio recogido, se sentó a pocos metros de él.
La pareja estaba flanqueada por sus abogados.
Como en las dos anteriores comparecencias de Maduro y su esposa ante la justicia estadounidense, manifestantes se congregaron el miércoles alrededor del tribunal —aunque en menor número—, algunos portando pancartas que pedían su "liberación", otros calificándolos de "dictadores".
El juez Hellerstein también fijó el miércoles una audiencia para el 17 de noviembre dedicada a las mociones de la defensa, incluido un recurso que impugna la legalidad de la captura de Maduro y Flores.
Durante su primera comparecencia en la corte en Nueva York, el 5 de enero, Maduro dijo que había sido "secuestrado" y se presentó como "un prisionero de guerra". El gobierno del presidente Donald Trump siempre sostuvo que fue una "operación policial" contra un fugitivo buscado por la justicia estadounidense.
Desde la salida de Maduro del poder, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de la administración Trump. Estados Unidos controla las exportaciones de petróleo venezolano, cuyos ingresos van a cuentas especiales supervisadas por Washington.
Los fiscales estadounidenses sostienen que Maduro utilizó el poder del Estado para proteger y promover el contrabando ilegal de drogas, y que se alió con cárteles para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos.
El 5 de enero, Maduro negó los cuatro cargos que enfrenta: conspiración de "narcoterrorismo", conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Flores, acusada de los mismos cargos que su marido, excepto por el de "narcoterrorismo", también se declaró entonces no culpable.
En la segunda audiencia procesal, el 26 de marzo, el juez Hellerstein indicó que no desestimaría el caso debido a la aparente incapacidad de Maduro y su esposa de pagar su defensa legal sin ayuda del gobierno venezolano.
En abril, el Tesoro permitió el pago de los honorarios de los abogados Maduro y Flores, prohibido hasta entonces por las sanciones estadounidenses.
La pareja había tratado de que sus casos fueran desestimados alegando que bloquear la financiación violaba el derecho, consagrado en la Constitución estadounidense, a contar con un abogado de libre elección.
Maduro también enfrenta un proceso civil en un tribunal federal en Brooklyn, luego de que las familias de cinco jóvenes asesinados en Venezuela lo acusaron de ordenar ejecuciones extrajudiciales como parte de un patrón más amplio de violencia estatal.
La demanda presentada el 30 de junio afirma que Maduro hizo que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un grupo de seguridad de élite, ejecutara a los jóvenes entre 2017 y 2020.
Sostiene que las víctimas son parte de miles de personas asesinadas bajo el mando de Maduro por unidades entre las que se incluyen las FAES, disueltas en 2021 tras denuncias de abusos, incluso por parte de Naciones Unidas.
Durante su mandato de casi 13 años, Maduro fue acusado de recurrir a la represión política para aferrarse al poder. Sus dos reelecciones, en 2018 y 2024, fueron rechazadas como fraudulentas por numerosos países, entre ellos Estados Unidos.
Según informó el diario The New York Times, se espera que Maduro busque inmunidad en su calidad de jefe de Estado.
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