Exjuez destituido por Orbán se convierte en jefe de Estado en Hungría

Los diputados húngaros confirmaron este martes como presidente del país al extitular de la Corte Suprema, Andras Baka, con la esperanza, según los expertos, de que su integridad contribuya a garantizar que las reformas destinadas a restablecer el Estado de derecho cumplan con las normas.

El Parlamento de este país de Europa Central, donde el partido gobernante Tisza cuenta con una mayoría de dos tercios, eligió a Baka con 140 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención.

El exmagistrado de más alto rango de Hungría, que actualmente tiene 73 años, es "digno de encarnar la unidad de la Nación", había destacado anteriormente en Facebook el primer ministro Peter Magyar, quien consideró que su trayectoria constituye "un ejemplo de compromiso con el estado de derecho".

Al escogerlo, el nuevo poder surgido de las elecciones de abril hace justicia al hombre que "dijo No" al exprimer ministro Viktor Orbán, quien permaneció en el poder de 2010 a 2026.

Baka fue destituido de la presidencia del Tribunal Supremo de Hungría en 2012, después de denunciar que la reducción de la edad de jubilación de los jueces, aprobada por Orbán, era una purga encubierta.

Cuatro años más tarde, obtuvo una sentencia favorable ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que reconoció el carácter político de su destitución.

Su retorno a la escena política representa una "garantía de que la restauración de la democracia liberal se desarrollará", dijo Bulcsu Zsiga, del Centro para el Análisis Político Equitativo.

Magyar había propuesto primero e ese cargo a la campeona de ajedrez Judit Polgar, quien lo rechazó. Tisza, su partido político, indicó entonces a Baka entre otros dos candidatos.

El partido Fidesz, de Orbán, anunció que boicotearía la votación, considerándola "ilegítima" después de que la nueva mayoría acortara en julio el mandato del anterior jefe de Estado, Tamas Sulyok.

Según Magyar, el nuevo presidente solo ejercerá una parte de su mandato, hasta que finalice el proceso participativo de reescritura de la Constitución, previsto para durar entre 12 y 18 meses.